La medida busca abordar los costos de hacer campaña y ampliar el grupo de personas que pueden postularse para cargos públicos sin estar vinculados a ningún individuo, grupo o interés especial.
“El aumento de los costos de las campañas políticas podría obligar a los candidatos a depender de grandes contribuciones de donantes ricos e intereses especiales, lo que podría dar a estos donantes ricos e intereses especiales una influencia desproporcionada sobre las decisiones gubernamentales”, afirma la medida.
California ha intentado varias veces permitir la financiación pública de campañas. Cinco ciudades autónomas, incluida Los Ángeles, y al menos otros 14 estados ya permiten alguna versión del servicio.
El análisis del Comité de Reglas del Senado dice: “Este proyecto de ley restauraría el control a los gobiernos locales y a los estados al darles a los condados, distritos, ciudades de derecho común y estados las mismas opciones que las ciudades autónomas tienen actualmente para proporcionar financiamiento público para sus campañas”.