El desafío de limitar al negocio de la enfermedad
Una interesante cruzada inició el gobierno provincial con la promoción de la Asociación de Obras Sociales Solidarias. La iniciativa fue presentada como una herramienta para poner límites a unas serie de irregularidades que cometen cada vez más galenos, en perjuicio de obras sociales, pacientes y el propio Estado.
El cobro de “plus”, la sobreprestación de los médicos –de la que habla hoy el ministro de Salud, Rubén Ojuez-, los medicamentos que se recetan (casi siempre los más caros), el costo y la calidad de las consultas, son algunas de los desafíos a solucionar que tiene por delante el Consejo Consultivo de Salud, creado para sentar a todos los actores.
El camino es largo, si se intenta regular y regularizar una actividad profesional que marcha por carriles turbios, cuya impunidad está garantizada por el accionar corporativo del ente colegiado que los representa.
La salud, o mejor dicho la enfermedad, es un negocio que brinda millonarias ganancias, y siempre habrá funcionarios dispuestos a aumentar las ganancias de las corporaciones vinculadas al sector. A modo de ejemplo se puede citar la pretensión del gobierno nacional de derogar la Ley de Genéricos. Esta legislación establece –aunque no siempre se cumpla- que los médicos deben recetar la droga que compone al medicamento y no la marca, lo cual trae aparejado un importante ahorro en el gasto de remedios.
Apenas formalizada la flamante ADOSS llama la atención la ausencia de varias obras sociales gremiales con asiento en La Pampa. ¿Será que primaron los intereses corporativos en esas ausencias?.
Es de esperar que este sea solamente un puntapié inicial para poner límites y acomodar una serie de situaciones irregulares que, por su sostenimiento en el tiempo, parecen derechos adquiridos.
Un ejemplo de esto es la dificultad con que se encuentran las autoridades para intentar controlar y poner coto al festival de carpetas médicas –algunas reales, pero con un gran número de injustificables- que se otorgan a los agentes que se desempeñan en la administración pública provincial, con las consabidas pérdidas económicas para la obra social provincial y para el erario público. En la actualidad se sabe cuáles son las supuestas patologías que mayor cantidad de carpetas se otorgan y los médicos que mayormente las autorizan, pero el límite parece estar lejos de encontrarse.
En el plano doméstico bien cabe preguntarse los motivos por los cuales a un chofer de micros se le practican exámenes para medir su grado de agotamiento y condiciones para manejar el vehículo, como una medida de seguridad. Del mismo modo se podría controlar el ejercicio de la profesión de determinados médicos que atienden en el sector público y el privado, llegando a dar turnos hasta altas horas de la madrugada, dando lugar a la duda sobre la certeza del diagnóstico que pueden brindar luego de determinada cantidad de pacientes atendidos y horas de esta práctica.
Otro aspecto que debería revisarse –es solo cuestión de animarse- es la conveniencia de que la matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión en La Pampa sea otorgada por la corporación médica, cuando esto debería ser potestad del Estado Provincial.
Está a la vista que la apuesta para que el promocionado Modelo Integral de Salud sea justamente eso es alta y dificultosa, pero de una importancia superior.