Los partidarios de la medida dicen que Los Ángeles no brinda servicios básicos, incluido el mantenimiento de calles y aceras, el mantenimiento de alumbrado público y árboles y otros servicios administrados por el Departamento de Obras Públicas.
La medida tiene como objetivo racionalizar las decisiones de obras públicas para mejorar los servicios de la ciudad y agregar nuevas fuentes de ingresos aprovechando los recursos existentes, como los terrenos urbanos subutilizados.
Quizás la parte más controvertida de la medida de Los Ángeles es una propuesta para aumentar el poder del Director de Obras Públicas y al mismo tiempo reducir o potencialmente eliminar la influencia de la Junta de Obras Públicas.
El director podrá gestionar proyectos de obras públicas, incluida la construcción, compra o arrendamiento de propiedades, ejercicio de dominio eminente con la aprobación del Ayuntamiento, otorgamiento de permisos de calles, regulación del estacionamiento y hacer recomendaciones presupuestarias para el departamento.
Rodríguez, opositor de la medida, dijo que la Comisión de Obras Públicas fue creada para realizar una revisión independiente de la contratación de la ciudad y que las decisiones de los comisionados se tomaron en reuniones públicas.
“Eliminar este importante control y equilibrio reducirá la supervisión pública y debilitará la rendición de cuentas por los miles de millones de dólares de los contribuyentes gastados en proyectos públicos”, dijo Rodríguez en su voto en contra de la medida.
Los comisionados son nombrados por el alcalde. Sirven mandatos de cinco años a tiempo completo en la junta y administran el Departamento de Obras Públicas, asistidos por varios jefes de oficina y el director de obras públicas.
Los partidarios de la medida dicen que el actual sistema de supervisión de obras públicas es ineficaz porque la responsabilidad está repartida entre múltiples funcionarios, comisiones, agencias y oficinas.
“Los angelinos están viendo los resultados en calles desmoronadas, aceras torcidas y farolas apagadas”, dijeron sus partidarios durante el debate electoral.
Otro elemento clave de la medida es establecer un ciclo presupuestario de dos años para la ciudad, que actualmente adopta su presupuesto anualmente. Según la medida de Los Ángeles, el alcalde tendría que presentar una propuesta de presupuesto de dos años al Concejo Municipal antes del 1 de abril. El presupuesto bienal fortalecerá la planificación de mejora de la infraestructura bajo otro nuevo requisito de que la ciudad adopte un plan de infraestructura básica.
La mayoría de las principales ciudades de Estados Unidos dependen de planes plurianuales de mejora de capital para estructurar el gasto en carreteras, puentes, parques y edificios.
Sus defensores dicen que un plan de infraestructura a largo plazo, administrado con un presupuesto de dos años, “establece prioridades claras, identifica los proyectos que deben completarse y planifica cómo financiar esos proyectos a lo largo del tiempo”.
Actualmente, la carta prohíbe a la ciudad hipotecar propiedades de su propiedad y operar una empresa puramente comercial o industrial. La medida levantaría esas restricciones para generar nuevos ingresos.
Relajar las restricciones a las empresas también permitiría a la ciudad utilizar su propiedad intelectual para vender mercancías que lleven el logotipo de la ciudad, como lo han hecho otras ciudades, incluida Nueva York, dijo Yaroslavsky.