sacramento— La Legislatura de California votó el domingo para enmendar una ley de 2019 que extiende el plazo de prescripción para las denuncias de abuso sexual infantil, pero ha sido culpada de agotar las arcas de los gobiernos municipales y los distritos escolares.
El Proyecto de Ley Senatorial 577, presentado por John Laird (D-Santa Cruz), sigue a años de acalorados debates sobre la ley estatal, que resultaron en docenas de demandas contra ciudades, condados y escuelas.
Desde que se promulgó la ley, el condado de Los Ángeles ha acordado pagar casi $5 mil millones para resolver más de 12,000 reclamos derivados de abuso sexual por parte de empleados estatales en hogares de acogida e instalaciones correccionales juveniles.
El proyecto de ley aprobado por la Legislatura el domingo requeriría que las víctimas mayores de 40 años proporcionen pruebas de que la entidad pública tenía conocimiento de la conducta inapropiada que condujo a la agresión pero no tomó medidas razonables para evitarla.
También establece que los abogados que presenten demandas fraudulentas por abuso sexual pueden recibir una multa de 25.000 dólares por infracción. El Times informó el año pasado sobre nueve demandantes que dijeron que les pagaron para demandar al condado por abuso sexual, algunos de los cuales dijeron que les habían dicho fabricar sus reclamos.
Durante los últimos meses, abogados de consumidores, condados y grupos de derechos de las víctimas han entablado un acalorado debate sobre el contenido del proyecto de ley propuesto.
Los legisladores no pusieron un límite al gasto en el proyecto de ley, un cambio que algunos gobiernos locales y distritos escolares buscaban.
La legislación surge tras varios intentos de cambiar la ley en los últimos años. El senador Benjamin Allen (D-Santa Mónica) intentó el año pasado aumentar la carga de la prueba en los casos de abuso sexual, pero retiró el proyecto de ley en medio de la indignación de los grupos de derechos de las víctimas.
Esta semana, algunos grupos criticaron el proyecto de ley, argumentando que protegería a los violadores y negaría justicia a los sobrevivientes.
Hablando en el pleno del Senado estatal el domingo, Laird dijo que estaba tratando de equilibrar las necesidades de todos los partidos.
El proyecto de ley pasa ahora a la consideración del gobernador Gavin Newsom.