La Justicia de EE.UU. anuló la condena por YPF y reavivó la disputa política en Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, dejando sin efecto una deuda estimada en unos 18.000 millones de dólares. El fallo, que representa un fuerte alivio para el Estado, desestimó los reclamos del fondo Burford Capital y avaló la posición jurídica sostenida por el país durante años.
Tras conocerse la decisión, el presidente Javier Milei celebró públicamente el resultado, aunque lo hizo con duras críticas hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes responsabilizó por la expropiación de la petrolera en 2012.
El fallo representa el cierre de uno de los litigios más costosos para la Argentina en las últimas décadas. La resolución sostuvo que el estatuto de la empresa no puede imponerse sobre la legislación pública en un proceso de expropiación soberana, un criterio que había sido defendido por el Estado desde el inicio del juicio.
El origen del conflicto se remonta a la nacionalización del 51% de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando la compañía estaba controlada por Repsol. Años después, el fondo Burford adquirió los derechos de litigio de accionistas privados e inició una demanda millonaria en tribunales estadounidenses.
Más allá del resultado judicial, el caso volvió a poner en el centro del debate el rol de la petrolera estatal y su impacto en la economía. En los últimos años, el crecimiento de la producción, impulsado en gran parte por el desarrollo de Vaca Muerta, permitió revertir el déficit energético y generar un superávit que se convirtió en una fuente clave de divisas.
Según datos oficiales, el sector energético registró en 2025 un saldo positivo cercano a los 7.000 millones de dólares, con perspectivas de crecimiento para los próximos años. Este desempeño se explica tanto por el aumento de exportaciones de petróleo como por la reducción de importaciones de gas.
En paralelo, la discusión política se intensificó. Desde sectores vinculados a la oposición remarcaron que el fallo ratifica la validez de la expropiación como decisión soberana, mientras que el Gobierno insistió en cuestionar aquella medida y en defender su visión sobre el rol del Estado en la economía.
El caso YPF, que combina aspectos judiciales, económicos y políticos, vuelve así a escena como un símbolo de las tensiones de fondo sobre el modelo de desarrollo y el manejo de los recursos estratégicos en la Argentina.