Limitarán las exposiciones en audiencias por la ley de Glaciares y crece el rechazo opositor
El bloque de La Libertad Avanza definió un esquema restrictivo para las audiencias públicas por la reforma de la ley de Glaciares, lo que generó cuestionamientos de la oposición. Según lo establecido, solo alrededor de 200 personas podrán exponer —de un total cercano a 50 mil inscriptos— mientras que el resto deberá presentar sus opiniones por escrito o mediante videos.
Las audiencias se realizarán el 25 y 26 de marzo, con un formato que combinará exposiciones presenciales en la primera jornada y virtuales en la segunda. En concreto, cerca de un centenar de participantes hablará en persona, mientras que otro grupo similar lo hará a través de Zoom. Quienes no sean seleccionados podrán enviar presentaciones escritas o grabaciones de hasta cinco minutos.
La decisión fue formalizada en una resolución firmada por José Peluc y Nicolás Mayoraz, titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. El criterio adoptado prioriza a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de garantizar una representación federal.
Desde el oficialismo argumentaron que la gran cantidad de inscriptos hace inviable la participación de todos en forma directa y que el mecanismo elegido permite ordenar el debate sin afectar el funcionamiento parlamentario. Además, aseguraron que todas las presentaciones serán incorporadas al expediente legislativo.
Sin embargo, bloques opositores como el peronismo, la izquierda y otros espacios provinciales cuestionaron la medida y reclamaron ampliar la cantidad de jornadas para permitir una mayor participación. Estos sectores también rechazan el proyecto de reforma, que cuenta con el respaldo de varios gobernadores interesados en impulsar inversiones mineras.
La iniciativa en debate propone modificar la Ley de Glaciares de Argentina (Ley 26.639), vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Entre los cambios, se plantea habilitar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en zonas que no sean consideradas clave desde el punto de vista hídrico, lo que podría impactar en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.