El Gobierno disolvió la ANDIS tras el escándalo por corrupción y trasladó sus funciones al Ministerio de Salud

El Gobierno de Javier Milei confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejará de existir como organismo autárquico y pasará a depender del Ministerio de Salud. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que salieran a la luz graves irregularidades en la conducción del organismo vinculadas a contrataciones y licitaciones millonarias.

Según explicó el funcionario, la medida apunta a “transparentar” la gestión, centralizar el control administrativo y garantizar mecanismos de auditoría permanentes. La absorción no requerirá cambios legislativos, ya que se trata de una reorganización administrativa. De esta manera, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, concentrará el diseño y la ejecución de las políticas de discapacidad y la atención de los beneficiarios.

Adorni detalló que se eliminarán 16 cargos jerárquicos, lo que representa un recorte del 45,7% de la estructura directiva, aunque aseguró que no se verán afectadas ni las pensiones ni las prestaciones vigentes. “No se va a cortar absolutamente ninguna prestación”, remarcó.

La decisión se da en el marco de una investigación judicial que expuso un presunto entramado de corrupción dentro de la ANDIS. Según la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se direccionaron más de 30.000 millones de pesos a través de “compulsas reducidas” que limitaban la competencia y favorecían a un grupo cerrado de empresas proveedoras. El esquema fue denominado el “cártel de las cuatro droguerías”, integrado principalmente por Porfarma, Génesis, New Farma y Floresta, que llegaron a concentrar hasta el 93% de las adjudicaciones en medicamentos.

La causa también involucra a otros actores del sector, como INDECOMM, Suizo Argentina y MED Latinoamérica, y describe una red organizada en tres niveles: funcionarios de la ANDIS, operadores externos y empresas beneficiadas. Entre los nombres señalados figuran Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, junto a intermediarios como Miguel Ángel Calvete, cuyos manuscritos —conocidos como “los cuadernos”— revelaron el presunto reparto de fondos y contratos.

Con la disolución de la ANDIS, el Gobierno busca cerrar una etapa marcada por denuncias de corrupción y avanzar hacia un esquema de mayor control estatal sobre las políticas de discapacidad.