Dalbón denunció a Patricia Bullrich y a su hijo por presunta evasión, lavado y asociación ilícita
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal para que se investigue a la ministra Patricia Bullrich y a su hijo, Francisco Langieri, propietario de la cadena de cafeterías Tostado, por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, e incluye también a Fernando Goijman, socio minoritario de dos de las empresas señaladas: Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A.
La presentación judicial se basa en una investigación periodística de Tomás Méndez, que señala que el grupo empresarial declararía ingresos anuales superiores a los 63 millones de dólares, pese a registrar cheques rechazados por falta de fondos. Uno de los puntos que Dalbón considera centrales es que una de las sociedades de Tostado tendría domicilio fiscal en una vivienda vinculada a Bullrich, ubicada en Beruti al 3800, en la Ciudad de Buenos Aires.
“Se trata de un entramado de relevancia penal que debe ser investigado de manera integral”, sostuvo Dalbón, quien afirmó que esta es la tercera causa grave que involucra a la exministra en el actual contexto político. Según el abogado, la expansión acelerada del grupo Tostado —que ya cuenta con más de 70 locales y presencia en varios países— no estaría respaldada por información clara sobre el capital inicial, financiamiento bancario o trayectoria empresarial previa.
En la denuncia se advierte que la multiplicidad de sociedades y franquicias podría haber sido utilizada para fragmentar ingresos, disimular la magnitud real del negocio y generar una apariencia de solvencia que no se condice con los problemas financieros detectados. También se solicitó investigar las operaciones internacionales de la firma en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España.
Como medidas de prueba, Dalbón pidió que la Justicia exija a Langieri y su socio la entrega de documentación contable y societaria, con la posibilidad de avanzar en allanamientos si no cumplen. Además, solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera para analizar movimientos bancarios y de la Inspección General de Justicia para detallar la composición societaria de las empresas involucradas.