El Gobierno habilitó un régimen para civiles que regula la compra de fusiles semiautomáticos
El Gobierno de Javier Milei aprobó por resolución un nuevo régimen, a través del Registro Nacional de Armas (RENAR), que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles —tipo fusil, carabina o subametralladora derivadas de modelos militares— para “legítimos usuarios” y entidades de tiro. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y reemplaza normas anteriores, con el argumento oficial de “ordenar y transparentar” la tenencia de material de uso condicional.
La resolución establece requisitos específicos para quienes soliciten autorización: acreditar la titularidad del arma, disponer de un sector de guarda homologado, presentar declaración jurada e integrar documentación que pruebe el uso deportivo. Además, exige al menos cinco años como legítimo usuario y ausencia de antecedentes o sanciones. El trámite tendrá un costo equivalente a la tasa de la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones.
Desde organizaciones por el desarme advierten que la decisión podría agravar la violencia. Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, sostuvo que la medida forma parte de un plan de liberalización gradual: “El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco”. Angerosa señaló que, aun cuando exista un uso deportivo real, se trata de armas de guerra de alta letalidad y advirtió sobre riesgos concretos: incremento de femicidios, tiroteos masivos y mayor disponibilidad de armamento para organizaciones criminales.
Los críticos recuerdan experiencias internacionales —mencionaron el caso de Brasil tras la liberalización impulsada en la era Bolsonaro— como ejemplo del posible aumento de episodios de violencia con armas semejantes. Para estos especialistas, la diferencia entre un arma destinada al deporte y otra concebida con diseño militar radica en su capacidad de disparo sostenido y la mayor letalidad que implican cargadores de gran capacidad.
El nuevo régimen busca dar marco regulatorio y controles para quienes ya practican tiro deportivo o forman parte de entidades habilitadas, pero la medida abre un debate intenso: el oficialismo lo presenta como transparencia y ordenamiento; las organizaciones por el desarme ven una promoción encubierta de la circulación de armas peligrosas en la sociedad.