Masacre en Río de Janeiro: un megaoperativo policial dejó 64 muertos y profundizó la tensión política en Brasil
Un megaoperativo policial en las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, dejó 64 muertos y 81 detenidos, en lo que se convirtió en la acción más sangrienta en la historia reciente de la ciudad. Participaron 2.500 efectivos del Estado de Río, bajo el mando del gobernador Cláudio Castro, en una ofensiva destinada a desarticular al Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país.
El despliegue comenzó el martes por la mañana y derivó en intensos tiroteos, incendios y bloqueos de calles, que paralizaron parte de la ciudad. El Centro de Operaciones de Río elevó el nivel de alerta a grado 2 sobre 5, mientras la Policía Militar suspendía tareas administrativas para concentrarse en la seguridad.
Castro calificó el operativo como “la mayor acción contra el narcotráfico” en Río, pero el alto número de víctimas generó reacciones nacionales e internacionales. La ONU pidió una investigación rápida y efectiva, alertando sobre el “carácter letal” de las operaciones policiales en comunidades marginadas.
En el plano político, el operativo intensificó el enfrentamiento entre el gobierno de Río —alineado con el bolsonarismo— y el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva. Castro acusó al Gobierno Federal de no haber enviado apoyo, aunque el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, lo desmintió y aseguró que nunca se solicitó asistencia.
Desde el sector bolsonarista, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, celebró la acción y elogió al gobernador:
“No hay otra manera de liberar a millones de personas que viven bajo las leyes paralelas de estos criminales”.
En respuesta a la escalada de violencia, el Gobierno Federal convocó a una reunión de emergencia en el Palacio del Planalto. Tras el encuentro, la ministra Gleisi Hoffmann anunció el envío de una comitiva oficial a Río, encabezada por los ministros Lewandowski (Justicia), Rui Costa (Casa Civil) y el titular de la Policía Federal, William Murad, para evaluar la situación y asistir a la población.
Desde la Asamblea Legislativa de Río, la diputada Dani Monteiro, presidenta del Comité de Derechos Humanos, repudió el operativo y lo calificó de “masacre”:
“Ninguna política de seguridad puede sostenerse con esta cantidad de muertes. Es grave que el gobernador insista en actuar solo”.
