
Revés a Milei en Diputados: rechazan su veto a la ley de discapacidad y crece la fractura oficialista
En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto de Javier Milei a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. El proyecto ahora pasará al Senado, que tendrá la última palabra para dejar sin efecto la decisión presidencial.
El resultado marcó un duro golpe para el oficialismo, que no sólo perdió la votación sino también sufrió una sangría interna: los legisladores libertarios Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González anunciaron su salida del bloque y se sumaron a la mendocina Lourdes Arrieta para conformar una nueva bancada. La fuga expuso las tensiones tras el cierre de listas de cara a las elecciones de octubre.
El contraste fue con la votación sobre jubilaciones, donde el Gobierno logró blindar el veto presidencial gracias al respaldo de gobernadores aliados y a un fuerte operativo de presión interna. Así, la suba jubilatoria de 7,2% quedó definitivamente caída y no podrá volver a discutirse.
La sesión también aprobó, con 143 votos afirmativos, la ley que hace automática la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Sin embargo, al no alcanzar los dos tercios de los votos, la norma queda vulnerable frente a un eventual veto presidencial.
En medio de la pulseada, el Gobierno intentó último manotazo enviando al vocero presidencial a anunciar por redes sociales un posible aumento en las prestaciones por discapacidad, aunque sin precisiones ni plazos. El gesto fue leído en el recinto como una maniobra improvisada que no alcanzó para frenar el rechazo opositor.
La votación reflejó también un reacomodamiento de fuerzas en plena campaña. Varios diputados que en junio habían acompañado al oficialismo cambiaron su postura, mientras que otros, cercanos a gobernadores, se ausentaron o se abstuvieron en votaciones clave.
El proyecto de discapacidad, de ser ratificado por el Senado, regirá hasta 2027 y contempla regularización de pagos y actualización de aranceles para prestadores de servicios, con un costo fiscal estimado de entre 0,28% y 0,51% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La oposición celebró el avance, aunque advirtió sobre la gravedad del veto presidencial en materia de jubilaciones. “Los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de la mesa de negociación”, cuestionó Germán Martínez (Unión por la Patria). Desde Democracia para Siempre, Fernando Carbajal denunció que hubo “gobernadores apretando legisladores” para sostener la postura del Gobierno.
El traspié en Diputados dejó en evidencia la fragilidad parlamentaria de Milei, que deberá enfrentar un nuevo desafío cuando el Senado defina el futuro de la ley de discapacidad, en un escenario donde su margen de maniobra se achica cada vez más.