Confirman el procesamiento de Vanina Biasi por incitación al odio religioso
La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este jueves el procesamiento de Vanina Biasi, exdiputada del Partido Obrero y legisladora porteña electa, en una causa por presunta incitación al odio religioso a través de publicaciones en redes sociales.
El fallo fue dictado por el juez Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara, quien también ratificó el embargo de 10 millones de pesos que había sido dispuesto en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas. La resolución se basa en una serie de publicaciones realizadas por Biasi entre noviembre de 2023 y enero de 2024, tras el ataque de Hamas en Israel, las cuales motivaron una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.
Biasi había apelado el procesamiento alegando que sus mensajes estaban amparados por la libertad de expresión y que sus críticas estaban dirigidas al Estado de Israel y al sionismo, sin intención de promover odio hacia quienes profesan la religión judía.
En su decisión, el juez Llorens consideró que “la distinción entre semitismo y sionismo, entre criticar una política estatal o cuestionar al pueblo que allí reside, son aspectos que pierden definición cuando ingresan al juego anárquico de las redes sociales”. Añadió que el carácter masivo de estas plataformas impone “una mayor responsabilidad”.
La causa se sustenta en ocho publicaciones en la red social X (antes Twitter). En una de ellas, del 27 de noviembre de 2023, Biasi cuestionó la liberación de la rehén israelí Emily Hand, calificándola como parte de “la narrativa sionista”. En otros posteos, se refirió al sionismo como “genocidio”, “apartheid” y “una narrativa mentirosa”, y comparó la situación en Gaza con los crímenes del nazismo.
El juez Rafecas, en su fallo original de abril, argumentó que los mensajes excedían el marco de la libertad de expresión y que “la crítica se distorsiona y excede los límites cuando se hace de forma de deslegitimar la existencia del Estado de Israel, o se le exigen acciones distintas a las que se les exigen a otros Estados”.
La dirigente del Partido Obrero fue indagada en septiembre de 2024 por el fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que sus publicaciones constituían actos discriminatorios y antisemitas, en violación del artículo 3 de la Ley 23.592 contra actos discriminatorios, que prevé penas de hasta tres años de prisión.