Multas millonarias y detenciones a cartoneros: la Ciudad endurece su política contra quienes revuelven la basura
Jorge Macri anunció sanciones de hasta $900 mil para quienes recolecten residuos de contenedores. La medida generó rechazo entre trabajadores informales que sobreviven del cartoneo en la ciudad.
Esta semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió un video en el que se observa a dos hombres oriundos de Villa Fiorito siendo detenidos por efectivos policiales mientras revisaban contenedores de basura. En el registro, los agentes los obligan a ponerse contra la pared, les preguntan de dónde son y les advierten que “eso no se hace más en la ciudad”. El episodio fue comunicado oficialmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la vocera, Laura Alonso.
La escena coincidió con las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en un evento en Puerto Madero expresó: “Si no llegaran a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres”. Entre esas declaraciones y la exposición pública de los hechos, hay una realidad cotidiana para miles de personas que buscan alimentos o elementos reciclables en la basura para subsistir.
En su cuenta personal de X, Jorge Macri informó: “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”. Alonso, por su parte, advirtió: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’. El que ensucia, limpia o paga”.
Rechazo desde los sectores populares
La respuesta no tardó en llegar desde las organizaciones que nuclean a cartoneros. Marcos Cataneo, delegado de un grupo de trabajadores de Villa Fiorito, explicó el impacto que tendría una multa semejante. “¿De dónde vamos a sacar esa plata? Primero comenzaron con los carros, ahora esto. Hay mucha gente mayor que necesita ese carro porque está con la espalda lastimada”, expresó.
Cataneo denunció que actualmente quienes van equipados con herramientas para abrir bolsas —como ganchos o cuchillos— son intimidados por la policía y pueden enfrentar detenciones tras reiteradas actas. “Las medidas siempre son contra el que menos tiene. Este gobierno solamente tira para los ricos”, dijo.
Por su parte, Joel, también cartonero y vecino de Fiorito, relató que su ingreso mensual ronda los $95 mil, a lo que se le suma un plan social de $78 mil. “Eso alcanza apenas para el pan, la carne y chau. Con eso comemos al día”, señaló. Además, denunció el hostigamiento policial y la pérdida de materiales de trabajo: “Me sacaron dos carros, perdí bolsones, y si revisás un tacho te hacen un acta. ¿Qué quieren, que salgamos a robar?”.
Trabajo digno, derechos en retroceso
Mariela, con más de 20 años como recuperadora urbana, también rechazó la criminalización del cartoneo. “Gracias a este trabajo pude estudiar, soy manicura, depiladora, maquilladora, ahora estoy estudiando podología”, contó. Junto a su esposo, trabaja en la recolección y clasificación de residuos, actividad que considera digna y útil: “La ropa se recicla, los electrodomésticos también, todo puede revenderse. Esto no es basura, es sustento”.
Remarcó que, en tiempos pasados, contaban con obra social y aportes previsionales gracias a su inclusión en cooperativas y plantas recicladoras. Hoy, sin embargo, advierte una realidad cada vez más crítica. “Ahora hay muchísima más gente en la calle, pidiendo para comer. Personas mayores en todos lados. Es porque no hay plata, te parte el alma”, expresó.
Un enfoque punitivo ante la pobreza
La decisión del Gobierno porteño de multar y sancionar a quienes recolectan residuos revela, para muchos, una profunda desconexión con la realidad social. En lugar de generar políticas públicas que integren y brinden alternativas laborales, la respuesta oficial parece orientarse hacia la criminalización de los sectores informales.
Los testimonios coinciden en un punto: el trabajo del cartonero es una actividad esencial dentro del circuito del reciclado urbano, que debería ser protegida y reconocida, no castigada. “Lo que hacen es empujar a la gente a la marginalidad”, concluyó Cataneo.
La pregunta que queda flotando en el aire es cuándo el Estado dejará de castigar la pobreza y comenzará a garantizar derechos. Porque si reciclar se vuelve delito, el verdadero problema no está en los contenedores: está en las decisiones políticas.