El Gobierno disolvió la Comisión Nacional de Alimentos y redefinió el control del Código Alimentario
A través de un decreto, se eliminó la CONAL y se delegaron sus funciones en ANMAT, Senasa y los ministerios de Salud y Economía. Apuntan a simplificar estructuras y acelerar procesos.
El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un organismo creado en 1999, y anunció una reestructuración del sistema de control alimentario en el país. A partir de ahora, las actualizaciones del Código Alimentario Argentino (CAA) quedarán en manos de los ministerios de Salud y de Economía.
La medida se formalizó mediante el Decreto 538/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
Según el texto oficial, la decisión apunta a simplificar estructuras, evitar superposición de funciones y agilizar los tiempos de respuesta en el proceso de producción y comercialización de alimentos. En ese sentido, se indicó que tanto el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), cuentan con las capacidades técnicas necesarias para asumir esas funciones.
“En este contexto, las funciones de coordinación y propuesta de actualización del Código Alimentario pueden ser asumidas de forma más eficiente por estos organismos, sin necesidad de sostener la estructura administrativa de la Comisión”, sostiene el decreto.
Las autoridades aclararon que esta decisión no representa una disminución en los estándares de protección sanitaria ni en el control de la calidad de los alimentos. Por el contrario, se busca optimizar los procesos y centralizar las responsabilidades en los entes con poder de fiscalización.
El decreto también establece que las actualizaciones del Código Alimentario deberán contemplar los avances científicos y las normativas internacionales, incluyendo los acuerdos del MERCOSUR. Para eso, los ministerios podrán convocar a expertos que tendrán un plazo de 15 días hábiles administrativos para emitir informes técnicos.
Además, la normativa deroga varios artículos del Decreto 815/1999, entre ellos la creación de cabinas sanitarias únicas para el control de alimentos en tránsito, consideradas obsoletas en la actualidad. También se eliminan previsiones sobre campañas de prevención y procedimientos que han quedado desactualizados o generan superposición de funciones entre organismos.
La decisión forma parte de un plan más amplio de revisión del Estado, orientado a una gestión “más austera, eficaz y orientada a resultados”, según destacó el Gobierno.