Fallo contra Cristina Kirchner: fuerte reacción política y clima de tensión social
La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema generó un fuerte impacto político y social. El fallo, que deja firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue recibido con duras críticas desde el peronismo y sectores afines a la expresidenta, que lo interpretan como un intento de proscripción política.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de un comunicado en redes sociales y luego en declaraciones a C5N, calificó el fallo como “una aberración jurídica” y lo consideró parte de una “persecución política, mediática y judicial” contra Cristina Kirchner. Según el mandatario provincial, “no se investigaron hechos, se ejecutó un plan”.
En el mismo tono, Kicillof denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri “se montó un sistema de espionaje ilegal, se armaron causas y se manipularon pruebas” con el objetivo de perjudicar a la expresidenta y su entorno. Además, responsabilizó al actual presidente Javier Milei por contribuir a un “clima de odio, autoritarismo y hostigamiento”, al tiempo que advirtió que “la democracia queda profundamente herida”.
La reacción popular también fue inmediata. Decenas de personas se concentraron frente a la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner apareció brevemente para saludar a la militancia. En ese marco, el clima fue de indignación, tristeza y apoyo incondicional. “Nos odian, pero nosotros los odiamos a ellos”, expresó una mujer visiblemente afectada, resumiendo el sentimiento de buena parte de la multitud.
El fallo de la Corte Suprema se conoció apenas 24 horas después de que el Senado rechazara el proyecto de “Ficha Limpia”, una iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio que buscaba impedir que personas condenadas en primera instancia puedan postularse a cargos públicos. Tras ese revés legislativo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) emitió un comunicado en el que expresó su “decepción” y advirtió sobre “riesgos para la inversión”. El rápido accionar de la Corte fue interpretado en sectores del oficialismo como una respuesta directa a esa presión.
La decisión judicial reaviva el debate sobre el rol del Poder Judicial en la vida política del país, en un contexto de creciente polarización y tensiones institucionales. Referentes del oficialismo consideran que la sentencia busca disciplinar no solo a Cristina Kirchner, sino a todo el espacio político que representa. “Es un mensaje para quienes intenten transformar el país a favor de las mayorías”, advirtió Kicillof.
En paralelo, el presidente Javier Milei se encontraba en Israel, donde reiteró su apoyo irrestricto al gobierno de ese país y anunció su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Su viaje, en medio de un conflicto bélico que ya provocó decenas de miles de muertes en la Franja de Gaza, fue interpretado por analistas como una señal de alineamiento con la agenda internacional de las nuevas derechas, que promueven políticas de seguridad estrictas y posturas conservadoras frente a los movimientos sociales.
Mientras tanto, en Argentina crece la preocupación por el rumbo institucional. Sectores políticos, sociales y sindicales comenzaron a organizar nuevas movilizaciones y expresaron su rechazo al fallo. La posibilidad de una proscripción de Cristina Kirchner de cara a futuras elecciones reabre un interrogante clave: ¿hasta qué punto el sistema democrático está dispuesto a admitir voces disidentes?
La respuesta, advierten desde el kirchnerismo, dependerá no solo de la dirigencia política, sino también de la capacidad de organización de los sectores más golpeados por el ajuste y las políticas de recorte del actual gobierno. Por ahora, el clima es de alerta. Y la tensión, lejos de disiparse, crece.