La Oficina Anticorrupción exculpa a Milei por la promoción de una estafa cripto que afectó a miles de personas
A casi cuatro meses de que el presidente Javier Milei promocionara un proyecto cripto que terminó perjudicando a miles de personas en todo el mundo, la Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el mandatario no incurrió en ninguna falta ética ni legal. Según el organismo, el jefe de Estado hizo la difusión a través de su cuenta “personal” de X (ex Twitter), por lo cual no se lo puede considerar como una acción oficial.
La resolución, firmada por Guillermo Melik —titular de la OA y dependiente del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona—, sostiene que Milei no violó la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. “No infringió el artículo 2º incisos a), g) e i) por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project’, efectuada el 14 de febrero de 2025”, indica el documento oficial.
El argumento central es que la cuenta de X del presidente “fue creada mucho antes” de su llegada a la Casa Rosada y que en ella “se presenta como economista y no como funcionario público”. No obstante, desde marzo de 2023, la propia red social le asignó un tilde gris a esa cuenta, que identifica a funcionarios públicos y cuentas oficiales de gobierno.
La OA relativiza esa validación institucional: “Si bien en dicha cuenta alude a políticas públicas y decisiones de gestión, lo hace de manera no institucional, utilizando un estilo de comunicación personal, adjetivado, sin distinción entre publicaciones previas y posteriores a asumir el mandato presidencial”, señala la resolución.
El 14 de febrero, Milei había compartido un video en el que promovía un token llamado $LIBRA, vinculado al “Viva la Libertad Project”, un emprendimiento que ofrecía inversiones en criptomonedas. La promoción por parte del presidente generó un fuerte interés inicial que hizo subir el valor del token, pero luego vino un desplome abrupto, cuando los inversores iniciales se retiraron y dejaron pérdidas millonarias.
Se estima que al menos 44.000 personas fueron afectadas por la caída del proyecto, con daños económicos cercanos a los 90 millones de dólares. La difusión que hizo Milei fue clave para la masificación de la iniciativa, que terminó denunciada como una estafa piramidal.
El caso aún se investiga en la Justicia federal argentina, con una causa radicada en los tribunales de Comodoro Py, y también en Estados Unidos, donde se analiza la posible responsabilidad penal del entorno del presidente en el diseño y promoción de la estafa.
Pese al impacto global del escándalo, la Oficina Anticorrupción desligó de responsabilidad a Milei, alegando que su intervención no fue como funcionario público sino como un usuario particular en redes. La resolución cierra, por ahora, una de las posibles vías administrativas contra el mandatario, aunque el frente judicial sigue abierto tanto en el país como en el exterior.