Emergencia en discapacidad: fuerte reclamo al Gobierno y tratamiento clave en el Congreso
El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el Gobierno nacional está desmantelando el sistema de atención. Este miércoles se debatirá en Diputados una Ley de Emergencia para frenar el colapso.
El colectivo de personas con discapacidad atraviesa un momento crítico. Así lo advirtió el Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que denunció que el Gobierno nacional “incumple con las pautas fundamentales que sostienen el Sistema Único de Prestaciones Básicas”.
La situación será abordada este miércoles 4 de junio a las 11 en la Cámara de Diputados, donde se tratará un proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. Eduardo Maidana, miembro del Foro, convocó a acompañar el debate y visibilizar el reclamo: “Es muy importante que la opinión pública sepa lo que está pasando. Miles de personas con discapacidad ven amenazados sus derechos más elementales”, advirtió en diálogo con AM750.
Según el comunicado oficial del Foro, los servicios destinados a personas con discapacidad son “inviables” de sostener con el desfasaje actual de más del 70% en los aranceles. “Es responsabilidad indelegable del Estado nacional establecer aranceles acordes a la normativa, los aumentos salariales y el costo de vida”, remarcaron.
Además, alertaron sobre un posible colapso: “Si no se revierte la situación de forma urgente, los servicios seguirán cerrando uno a uno, dejando a miles sin la atención que por derecho les corresponde”.
Qué propone el proyecto de Ley
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por organizaciones y sectores legislativos, contempla una batería de medidas para paliar la crisis. Entre los puntos centrales se destacan:
- Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas, con declaración de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas, con revisión de condiciones de acceso y garantía de financiamiento adecuado.
- Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con auditorías y mejora de su base de datos.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución del presupuesto en discapacidad.
- Compensaciones económicas para prestadores y talleres de producción protegida. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios integrales que consideren condiciones físicas, mentales, sensoriales y sociales.
- Reforzamiento de talleres protegidos y centros de día, con fondos específicos para garantizar su continuidad.
- Cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el Estado.
Maidana insistió en que se trata de una emergencia real y urgente: “Apoyamos esta ley porque vemos en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales: la salud, la educación, la inclusión, la vida misma de miles de personas”. También pidió a los legisladores que “miren más allá de las internas políticas y escuchen lo que está ocurriendo con este colectivo”.
La sesión de este miércoles será clave para determinar si el Congreso decide intervenir frente al vacío del Estado nacional en materia de discapacidad.