Los comercios dejan de pagar un aporte obligatorio al Inacap y el ahorro superará los $70.000 millones anuales
A partir de este mes, los comercios de todo el país dejarán de estar obligados a realizar el aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), tras la entrada en vigencia del decreto 149/2025, firmado por el Gobierno nacional a principios de marzo. La contribución pasará a ser voluntaria, lo que representa un alivio económico significativo para el sector mercantil.
La normativa, que comenzó a regir 90 días después de su publicación, establece que “las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.
Hasta ahora, los empleadores debían pagar una cuota fija mensual por cada trabajador registrado —que en marzo alcanzó los $4.725,02— incluso cuando el empleado no participaba de ninguna instancia de capacitación. Esta obligación fue introducida en 2008 a través del convenio colectivo de comercio.
Según estimaciones oficiales, la eliminación del aporte obligatorio permitirá un ahorro de más de $5.600 millones por mes y más de $70.000 millones al año. El cálculo se basa en el universo de 1,2 millones de trabajadores registrados alcanzados por la contribución.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la implementación de la medida y sostuvo que “el decreto transformó en voluntarios los aportes a cámaras empresarias: una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas”. En una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), agregó: “La libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el Presidente”.
Además de Inacap, la resolución alcanza a otras entidades como Adimra (metalúrgicos), Capia (producción avícola), Faica (industria del calzado), Incatur (turismo), Apyce (pasteleros), la Cámara de Depósitos Fiscales Privados, Fehgra (gastronomía y hotelería) y Adel (maestranza), cuyos aportes también dejarán de ser obligatorios.
Desde el sector comercial, la medida fue bien recibida. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) consideró que se trata de “un cambio significativo en las obligaciones que hasta ahora debían cumplir los empleadores” y criticó que “comerciantes de todo el país tuvieron que pagar por 17 años la cuenta de una mesa de la que no participaban”.
El decreto forma parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei orientadas a la desregulación económica y a la reducción de costos para los sectores productivos, con el objetivo de fomentar la actividad privada y limitar el poder de intermediación de sindicatos y cámaras empresarias.