Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: acusaciones, defensas y reclamos de justicia
En el juicio por la muerte de cinco recién nacidos en el hospital Materno Neonatal de Córdoba, las querellas solicitaron penas más duras que las planteadas por la fiscalía. Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero, acusada de administrar potasio e insulina a 13 bebés, provocando la muerte de cinco. En cambio, solicitaron penas leves para los exfuncionarios, entre ellos el exministro de Salud, Diego Cardozo, para quien se propuso una condena condicional de tres años por encubrimiento agravado.
Las querellas, representadas por los abogados Ana Pagliano y Carlos Nayi, reclamaron la pena máxima para Agüero y castigos más severos para los exfuncionarios. Nayi, en particular, acusó a Cardozo de haber formado parte de un “pacto de silencio” y pidió seis años de prisión para él y la exdirectora del hospital, Liliana Asís.
La fiscalía también solicitó penas menores para otros involucrados, como médicos, exjefes de servicio y funcionarios, por delitos como encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. Señalaron que si se hubieran denunciado los hechos a tiempo, se habrían evitado al menos tres muertes.
Brenda Agüero, en su defensa, negó las acusaciones y se definió como víctima de una “condena mediática”. Dijo que jamás haría daño a un bebé y explicó que los archivos encontrados en su celular sobre el uso de potasio eran parte de su formación como enfermera. Su abogado, Gustavo Nievas, cuestionó la acusación y afirmó que algunos de los fallecimientos se debieron a causas naturales.
Los testimonios de las madres de los bebés fueron los momentos más impactantes del juicio. Relataron nacimientos sin complicaciones seguidos de muertes repentinas, maltrato obstétrico y un sentimiento de abandono por parte de las autoridades. Varias de ellas identificaron a Agüero como la enfermera que atendió a sus hijos.
Peritos médicos confirmaron niveles anormales de potasio e insulina en varios bebés, concluyendo que hubo intervención externa con intención homicida en al menos cuatro casos. También se investigaron posibles intentos de encubrimiento por parte de funcionarios, como el borrado de información en celulares.
Además de Agüero, son juzgados otros diez imputados, entre ellos médicos, jefes de servicio y funcionarios del Ministerio de Salud. La acusación general sostiene que sus omisiones y encubrimientos facilitaron los crímenes. El caso sigue su curso y conmueve a la sociedad cordobesa por su gravedad y alcance institucional.