Amplio repudio al negacionismo del Gobierno ante la ONU por los crímenes de la dictadura

Las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante un comité de Naciones Unidas desataron una fuerte ola de críticas de organismos, referentes y sobrevivientes del terrorismo de Estado. En Ginebra, Baños relativizó la cantidad de desaparecidos, habló de “memoria completa” y equiparó los crímenes de la última dictadura con la violencia de organizaciones armadas, lo que fue considerado por especialistas como una postura negacionista y una grave distorsión histórica.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, calificó la exposición como “repudiable” y una ofensa a la memoria de las víctimas. Desde Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S recordaron que la información sobre los 30.000 desaparecidos y los nietos apropiados solo se pudo reconstruir gracias al testimonio de sobrevivientes y a las políticas de Estado previas, ya que “ningún genocida confesó lo que hizo”.

Funcionarios y referentes de derechos humanos también cuestionaron con dureza al Gobierno. Matías Moreno, subsecretario bonaerense de DD.HH., tildó la intervención de “vergonzosa”, mientras que el exsecretario nacional Horacio Pietragalla habló de un “papelón internacional”. La legisladora porteña Victoria Montenegro advirtió que el intento oficial de desacreditar la política de memoria no prosperará frente a la solidez del proceso judicial construido en democracia.

Delfor “Pocho” Brizuela sostuvo que la posición expuesta por Baños revela el perfil “negacionista” de la administración de Javier Milei. Para sobrevivientes como Osvaldo Barros (AEDD), negar la cifra de 30.000 desaparecidos es una forma de “reivindicar el genocidio”.

Abogadas como Guadalupe Godoy y Myriam Bregman alertaron que la estrategia no solo erosiona el consenso democrático sobre el Nunca Más, sino que también podría tener consecuencias concretas en el plano internacional. Bregman remarcó que cuestionar la magnitud del genocidio es un intento de desvirtuar la gravedad de los crímenes y una señal preocupante en un contexto donde algunos fallos judiciales ya han beneficiado a represores.

En conjunto, las reacciones evidencian una profunda preocupación por el rumbo del Gobierno en materia de memoria, verdad y justicia, y por el impacto internacional de un discurso que relativiza los crímenes de la última dictadura.