Lula habló tras la masacre en Río: Pidió coordinación contra el narcotráfico
A más de 24 horas del operativo policial en las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció por primera vez.
El mandatario, anunció el envío de funcionarios federales a reunirse con las autoridades locales y advirtió que su gobierno no permitirá que el crimen organizado “siga destruyendo familias”.
“Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”, expresó Lula en un mensaje difundido por redes sociales.
El presidente recordó además que, en agosto, el Ejecutivo llevó adelante la mayor operación nacional contra el crimen organizado, dirigida al núcleo financiero de una red vinculada al narcotráfico, la adulteración de combustible y el lavado de dinero. También mencionó la Enmienda de Seguridad, actualmente en el Congreso, que busca coordinar la actuación de las distintas fuerzas policiales.
La llamada Operación Contención, ejecutada el martes por las policías civil y militar de Río, tenía como objetivo cumplir 180 órdenes de allanamiento y 100 de arresto contra el Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil.
Tras el operativo, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aseguró que Lula quedó “horrorizado” por la cantidad de víctimas y viajó a Río para reunirse con las autoridades locales.
El gobernador Cláudio Castro, alineado con el bolsonarismo, respondió con dureza. Negó haber recibido apoyo del Gobierno Federal y afirmó que “Río está solo”. Según Castro, la Nación rechazó tres pedidos de cooperación, entre ellos el envío de vehículos blindados y efectivos de las fuerzas federales.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en cambio, afirmaron haber respondido a las solicitudes del gobierno carioca, destacando que la Policía Federal realizó 178 operativos en Río este año, 24 de ellos contra el tráfico de drogas y armas, y que el estado recibió fondos y equipamiento federal para reforzar la seguridad.
Castro deberá declarar ante la Justicia el 3 de noviembre para explicar los alcances del operativo que dejó la mayor cifra de muertos en una acción policial en la historia reciente de Brasil.