Caputo acelera la privatización de las represas del Comahue entre irregularidades y opacidad
Urgido por dólares y bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila— en medio de un proceso plagado de irregularidades, improvisación y sospechas de entrega a precio vil.
Sin tasación oficial y con pliegos vacíos
El Gobierno convalidó la decisión del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Roberto Villamonte —cuestionado por denuncias de corrupción durante el macrismo— de negarse a valuar los activos. Así, los pliegos de licitación carecen de un precio base, lo que habilita su venta a cualquier monto.
Sin embargo, un informe de la Cámara Argentina de la Construcción tasó las centrales en más de 5.000 millones de dólares. Pese a ello, senadores patagónicos advirtieron que Caputo estaría dispuesto a rematarlas por menos de 1.000 millones, consolidando una “venta a precio vil” de activos estratégicos para la soberanía energética.
Gobernadores en silencio
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, guardaron silencio ante los reclamos de legisladores como Oscar Parrilli y Silvia Sapag, que pidieron que las provincias se queden con al menos el 50% del capital accionario y que los plazos no superen los 10 años. Sin embargo, el Gobierno avanzó con un esquema de entrega total por 30 años.
Condiciones leoninas y desprolijidades
El apuro de Caputo quedó reflejado en los propios decretos: el 7 de agosto firmó la apertura de la licitación (564/25), pero debió anularla diez días después al descubrir que el informe circunstanciado carecía de firmas oficiales. Finalmente, el 19 de agosto se emitió la Resolución 1200/25 con los pliegos definitivos.
“Se trata de un proceso de absoluta improvisación, que revela la desesperación del Gobierno por obtener dólares en línea con las exigencias del FMI”, denunció un grupo de senadores opositores.
Activos estratégicos en juego
Las represas del Comahue son claves para la seguridad energética: aportan flexibilidad en los picos de demanda y respaldan el desarrollo de energías renovables. De ser privatizadas bajo estas condiciones, pasarían a manos de los actuales concesionarios —AES, ENEL, Central Puerto y Aconcagua Energía—, todas empresas con ganancias millonarias y vínculos con fondos internacionales como BlackRock, Morgan Stanley y Vanguard.
Un déjà vu de los 90
Para especialistas en energía, el proceso recuerda a las privatizaciones de los años 90: ausencia de precio base, condiciones favorables a los compradores y pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos.
“Será una nueva entrega a precio vil de activos claves para el país”, advirtió la economista Agustina Sánchez (UMET-UTN-OCIPEX).
Mientras el FMI aplaude la celeridad del plan privatizador, la falta de transparencia y el silencio cómplice de las provincias amenazan con consolidar uno de los mayores desfalcos de la era Milei.