
Caputo defendió la relajación de controles a la evasión fiscal: “Le devolvemos la libertad financiera a los ciudadanos”
Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la flexibilización de normas para el control de la evasión fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes la iniciativa al señalar que busca devolverle la “libertad financiera” a la ciudadanía. La medida, que entra en vigencia el 1 de junio, implica una desregulación del sistema ARCA (ex AFIP) y permite movimientos financieros de hasta 50 millones de pesos por persona por mes sin control por parte del Estado.
“Cualquiera puede gastar y consumir lo que quiera. Para el umbral de 50 millones, ARCA no tendrá esa información. Así de simple”, afirmó Caputo durante un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también aseguró que se mantiene el control para operaciones sospechosas y lavado de dinero, aunque bajo un enfoque más selectivo.
La decisión llega en un momento de fuerte escasez de divisas, aceleración de importaciones (que crecieron 37% interanual), desplome de exportaciones y una profunda recesión interna. En ese contexto, la medida busca fomentar el consumo incentivando el uso de dólares no declarados, que según el Indec sumaban unos 271.247 millones hacia fines de 2024.
“El objetivo inmediato es llegar a las elecciones de octubre sin una recesión más profunda”, evaluó el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, en diálogo con Página/12. En ese sentido, advirtió que el plan “alienta la venta de dólares del colchón, pero sin modificar la Ley Penal Tributaria ni la Penal Cambiaria no hay ninguna protección real para quienes usen fondos no declarados”.
La reforma al sistema tributario establece que en 2026 comenzará un nuevo esquema de control sobre ingresos y gastos, pero que durante los próximos meses cualquier persona podrá consumir, comprar bienes registrables e incluso transferir sumas elevadas sin declarar su origen. “Si los fondos son lícitos, no hay problema. El Banco Central y la UIF se enfocarán en casos específicos, no en los ciudadanos comunes”, insistió Caputo, rechazando las críticas de quienes alertan sobre una posible apertura a fondos del narcotráfico o el terrorismo.
Desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), sin embargo, alertaron sobre el debilitamiento del sistema. “Las obligaciones de los contribuyentes no cambian, pero se disuelven los cruces de información, lo que deja a criterio del poder político qué investigar y qué no. En este Gobierno, eso significa una herramienta para castigar opositores y premiar lealtades”, afirmaron voceros del gremio.
También la abogada penalista María Eugenia Marano, especialista en criminalidad económica e integrante de Futuros Mejores, advirtió que si bien técnicamente las modificaciones al sistema pueden parecer menores, “la pérdida de capacidad de control efectivo puede traducirse en un aumento de operaciones ilegales y corrupción”.
En la actualidad, según datos del propio gremio de AEFIP, la evasión en el impuesto al valor agregado (IVA) ronda el 35%, mientras que en Ganancias asciende al 50%. “Estas medidas profundizan el problema, que ya es gravísimo, en lugar de resolverlo”, remarcaron.