Un fallo judicial frenó la disolución del Fondo de Integración Social Urbana ordenada por el Gobierno
El Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y suspendió la eliminación del Fondo de Integración Social Urbana (FISU), dispuesta por el Decreto 312/2025 del Gobierno de Javier Milei. La decisión judicial representa un freno al plan oficial de cerrar organismos y fondos fiduciarios creados durante gestiones anteriores.
La resolución del juez suspende los efectos de los artículos 1, 4, 5 y 8 del decreto que ordenaba la liquidación del patrimonio del FISU, un fondo destinado a financiar obras de urbanización en barrios populares. Además, impone una multa de 200 mil pesos diarios al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, por cada día de demora en la presentación de un plan concreto para urbanizar esos asentamientos. Pareja es además uno de los armadores políticos de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
La cautelar fue solicitada por el CELS en representación de vecinos de distintos barrios populares, ante el impacto que podría tener la eliminación del fondo sobre el acceso a servicios básicos. Según organizaciones sociales, más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en todo el país.
La eliminación del FISU había sido oficializada semanas atrás por el Gobierno mediante el Decreto 312/25, el mismo que también disolvía el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC). El anuncio fue acompañado por un mensaje del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la medida en base a la supuesta ineficacia y “politización” de estos fondos. “El FISU se convirtió en la palanca de gestión de varios líderes piqueteros”, dijo, en alusión directa a Juan Grabois.
En ese mismo sentido, Sturzenegger sostuvo que “la solución a la problemática de los barrios populares no es dinero público y corrupción, sino darle un verdadero derecho de propiedad a sus habitantes”, y criticó al kirchnerismo por “tener de rehén a la gente del dinero del Estado”.
Desde el CELS y otras organizaciones sociales señalaron que la decisión de cerrar el FISU no solo era ilegal sino también regresiva en términos de derechos sociales, ya que el fondo constituía una herramienta para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en zonas urbanas vulnerables. La Justicia ahora les dio la razón, al menos de manera provisoria, al suspender la medida del Ejecutivo mientras se resuelve el fondo del litigio.