El Gobierno amplía actividades esenciales y restringe el derecho a huelga mediante un nuevo decreto
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, el Gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre el derecho a huelga, esta vez mediante una ampliación del listado de actividades esenciales y la creación de una nueva categoría: las actividades de importancia trascendental. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y generó un inmediato rechazo por parte de gremios y organizaciones sindicales, que anticiparon una ola de demandas judiciales.
La normativa establece que en caso de conflicto gremial, los sectores considerados esenciales deberán garantizar el 75% de los servicios, mientras que los de importancia trascendental deberán asegurar un mínimo del 50% de su funcionamiento, incluso durante huelgas.
Hasta ahora, en línea con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo se consideraban esenciales aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. El nuevo decreto amplía esa definición y agrega criterios fiscales: podrá incluirse cualquier actividad cuya interrupción “pudiere afectar metas de recaudación”.
Un alcance sin precedentes
Entre los nuevos servicios esenciales, se incluyen además de los sanitarios y energéticos:
- Transporte terrestre, marítimo y aéreo,
- Educación de nivel inicial, primario y secundario,
- Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales,
- Servicios aduaneros y migratorios,
- Y servicios portuarios y comerciales vinculados al comercio exterior.
En tanto, las actividades de importancia trascendental abarcan una extensa lista de rubros industriales y de servicios, entre ellos:
- Producción de medicamentos,
- Industria alimenticia y minera,
- Siderurgia, construcción y química,
- Comercio, hotelería y gastronomía,
- Servicios financieros y exportaciones.
Además, el decreto prevé la creación de una Comisión de Garantías, compuesta por cinco expertos que podrán incorporar nuevas actividades al listado, de forma autónoma y mediante resolución fundada.
Reacciones y advertencias
El anuncio generó sorpresa y fuerte rechazo en los sindicatos. Desde la CGT y otras centrales obreras consideran que la medida prácticamente elimina el derecho a huelga, ya que las restricciones abarcan a casi todos los sectores laborales. “Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental”, sostuvo Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su titular Rodolfo Aguiar calificó al decreto como “ilegal” y denunció que vacía de contenido una herramienta constitucional como la huelga. “Exigir que se garantice el 75% de los servicios vuelve ineficaz cualquier medida de fuerza”, expresó.
El decreto retoma objetivos que el oficialismo ya había intentado imponer mediante el DNU 70/23 –cuya parte laboral fue suspendida por la Justicia– y algunos artículos que fueron excluidos del proyecto de Ley Bases tras el debate en el Congreso.