El Gobierno eliminó programas de apoyo a PYMES por considerarlos “distorsivos”
A través del Decreto 339/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó una serie de programas de asistencia a pequeñas y medianas empresas (PYMES), argumentando que interferían con la libre competencia y resultaban ineficientes. Las medidas apuntan a desarticular políticas contempladas en las leyes 24.467 y 25.872, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que busca reducir la intervención estatal en la economía.
Según los considerandos del decreto, el objetivo es reducir funciones redundantes y reasignar recursos públicos de manera más eficiente, priorizando una gestión con menor gasto y más alineada con el “libre mercado”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en la red social X, donde calificó a los programas eliminados como “ineficientes, discrecionales y estériles”, creados para beneficiar a una minoría “quizás amigos del poder, y seguramente de CABA”.
Sturzenegger criticó especialmente el Programa de Promoción de la Competitividad PyME y de Desarrollo del Emprendedurismo, que preveía asistencia para solo 150 empresas, en un universo de más de 500.000 PYMES. En su visión, el enfoque estatal anterior era “antifederal” y con nulo impacto real.
Para el funcionario, una verdadera política para el sector se basa en una “macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”, en lugar de programas “marketineros”.
Programas eliminados
Entre los programas y organismos disueltos, se encuentran:
- Sistema de Información MiPyME
- Red de Agencias de Desarrollo Productivo
- Programa de Desarrollo de Proveedores
- Consorcios de empresas PYMES, especialmente las exportadoras
- Programa Nacional de Capacitación empresaria y gerencial
- Comisión Especial de Seguimiento, vinculada al capítulo laboral de la ley
- Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven
La decisión marca un nuevo capítulo en la política de desregulación y recorte del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei, con fuerte impacto en el ecosistema productivo de pequeñas y medianas empresas, que representa cerca del 70% del empleo formal privado en el país.