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La Justicia avanza en la investigación del operativo represivo en la marcha de jubilados

La jueza federal María Servini avanza con nuevas medidas de prueba para esclarecer el violento operativo de seguridad desplegado el 12 de marzo durante la marcha de jubilados en el Congreso. Entre los hechos bajo investigación figuran posibles provocaciones policiales, detenciones ilegales y el disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte.

Una de las escenas más llamativas fue registrada por cámaras de C5N: un efectivo de la Policía Federal (PFA) uniformado fue filmado dejando caer y luego pateando un arma sobre el césped de la Plaza de los Dos Congresos. ¿Estaba plantando evidencia? La duda quedó instalada. Servini solicitó a la PFA que informe si inició un sumario interno por este hecho, ocurrido alrededor de las 17.30, y exigió identificar al agente involucrado.

La jueza también investiga la detención de dos menores, de 12 y 14 años, que habían salido del colegio y fueron retenidos por la PFA cerca de Plaza de Mayo, con las muñecas atadas con precintos y sin contacto con sus familias. La jueza penal juvenil Laura De Marinis sobreseyó a los chicos y denunció la ilegalidad del procedimiento. Servini pidió explicaciones a la fuerza sobre lo sucedido.

Otra escena bajo la lupa es la de un camión hidrante de la Policía de la Ciudad desde donde una voz amplificada habría provocado a los manifestantes con gritos como “¡Vengan zurdos!”. Servini pidió saber si se abrió una investigación administrativa al respecto y si se formó un legajo penal por este hecho.

Además, la magistrada pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalles sobre quiénes estaban presentes en la sala de operaciones del ministerio ese día y qué órdenes se impartieron, especialmente sobre el uso de armas “menos letales”, como la que impactó a Grillo.

Bullrich había asegurado en conferencia de prensa que hubo “detenidos con armas de fuego”. Sin embargo, en la movilización no se registraron arrestos con armas. Sólo tres personas fueron detenidas en Retiro —una con un arma tipo tumbera—, pero no se probó su vinculación con la marcha. Un agente de la PFA intentó forzar esa conexión días después, sin haber sido citado formalmente.

En paralelo, la jueza indaga también el caso de la jubilada Beatriz Blanco, agredida brutalmente por un policía con una tonfa y luego gaseada. El expediente general incluye además las 116 detenciones realizadas ese día, muchas sin pruebas concretas, según admitió la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a todos los arrestados por falta de fundamentos claros.

Por último, Servini solicitó el reglamento interno de la Gendarmería, que admite que las pistolas lanzagases —como la usada contra Grillo— pueden ser letales, lo que refuerza la línea de investigación sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante el operativo.