Emergencia en discapacidad: ¿solución real o parche fiscal?
La Cámara de Diputados debatirá esta semana un proyecto impulsado por la oposición que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa busca ampliar recursos y atención, pero sin tocar las fallas estructurales del sistema, lo que despierta dudas sobre su efectividad real.
El sistema de atención a la discapacidad en Argentina opera bajo tres tensiones principales:
- El crecimiento explosivo de pensiones no contributivas (de 76.000 a más de un millón en dos décadas), muchas veces bajo criterios discrecionales y con indicios de clientelismo.
- El desamparo de personas con discapacidad real que, sin cobertura médica ni recursos, quedan excluidas de prestaciones esenciales.
- El desequilibrio financiero de obras sociales y prepagas, obligadas por ley a cubrir servicios costosos sin una estructura clara de financiamiento.
Una red de prestaciones desordenada
El sistema actual mezcla normas confusas, burocracia excesiva y organismos superpuestos. Las pensiones y servicios en especie (educación especial, transporte, asistencia domiciliaria, etc.) dependen del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero el financiamiento recae en prestadores privados o gobiernos locales, lo que genera inequidades profundas.
Aunque en teoría las personas con CUD tienen derecho a servicios integrales, en la práctica los sectores más vulnerables no acceden por falta de medios, mientras que los que cuentan con obra social tienen mejores garantías.
¿Más dinero o un rediseño completo?
Declarar la emergencia —que implicaría mayores partidas presupuestarias— no resolverá los problemas estructurales, si no se avanza en una reforma de fondo. La propuesta más sólida implica:
- Unificar la evaluación de incapacidades bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
- Trasladar el financiamiento de todas las prestaciones en especie a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con presupuesto propio, reglas claras y gestión moderna.
Este enfoque permitiría romper la dependencia del sistema de salud privado y garantizar la cobertura de quienes hoy quedan fuera. Implicaría además profesionalizar la gestión de la ANDIS, evitar duplicidades, reducir el uso político de las pensiones y priorizar criterios técnicos sobre los asistenciales.
En conclusión, la emergencia puede ser un gesto político, pero si no se acompaña de reformas estructurales y un modelo de financiamiento transparente, solo reforzará un sistema injusto, ineficiente y excluyente.