Bullrich impulsa el traslado de represores a Campo de Mayo y genera rechazo de organismos de derechos humanos
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó a distintos tribunales de Comodoro Py su intención de vaciar el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde actualmente están alojados represores condenados por crímenes de lesa humanidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa el traslado de estos detenidos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel que los organismos de derechos humanos denuncian como una “unidad VIP”.
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, notificó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires la decisión de liberar plazas en Ezeiza, alegando la necesidad de alojar a mujeres ante la creciente sobrepoblación carcelaria. El Complejo VII, que cuenta con 585 plazas, actualmente alberga a 506 internas y enfrenta la demanda de alojamiento de 371 mujeres más, según la información oficial.
Bullrich pretende desalojar los pabellones 5, 7 y 8, donde permanecen 19 represores. Entre ellos se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, y otros condenados por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Astiz, Cavallo y Pernías solicitaron mantener celdas individuales y el acceso a comunicaciones virtuales con sus familias. El TOF 5 no se opuso a los traslados ni a sus pedidos.
Desde el Ministerio de Seguridad destacan que la Unidad 34 de Campo de Mayo cuenta con proximidad al Hospital Militar y que las condiciones de detención serán similares a las actuales. Sin embargo, organismos como H.I.J.O.S. Capital expresaron un firme rechazo: “Rechazamos categóricamente que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”.
El traslado de represores a Campo de Mayo reaviva críticas históricas. La unidad fue clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores trasladados al Hospital Militar y reabierta durante la presidencia de Mauricio Macri, generando numerosos pedidos de traslado de condenados por delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había relevado anteriormente las condiciones diferenciales en Campo de Mayo, donde los detenidos cuentan con canchas de tenis, pistas de caminata, huertas y gimnasio.
“Este tipo de medidas no soluciona la sobrepoblación carcelaria y, en cambio, otorga beneficios indebidos a quienes cometieron los crímenes más graves de nuestra historia reciente”, advirtió H.I.J.O.S.
Por su parte, la abogada y diputada Myriam Bregman recordó que en el juicio por la causa ESMA ya se había advertido sobre los riesgos de condiciones de privilegio, mencionando el caso del prefecto Héctor Febres, quien murió en circunstancias sospechosas en una celda de Prefectura.
Mientras tanto, otros represores, como Juan Carlos Avena, resisten el traslado y solicitan ser alojados en otras unidades penitenciarias, como la Unidad 19 de Ezeiza.
La iniciativa de Bullrich vuelve a encender la alarma entre los organismos de derechos humanos, en un contexto donde las políticas carcelarias vuelven a ser eje de controversias políticas y sociales.