Dudas y sospechas sobre el accionar de la Policía Federal en el caso del intento de asesinato a Cristina Kirchner
Un video inédito que compartió “Clarín”, revela un episodio clave en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. El 3 de septiembre de 2022, dos días después del atentado fallido, Brenda Uliarte —pareja de Fernando Sabag Montiel y una de las principales imputadas— salió de un edificio en Barracas sin ser detenida, pese a que ya pesaba sobre ella una orden de arresto firmada por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, muestran a Uliarte saliendo acompañada por un hombre del edificio ubicado en la avenida Montes de Oca 1209. En la puerta había dos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que observan su salida sin intervenir. Esa misma mañana, la magistrada había ordenado su captura.
Pese a que los agentes hacían guardia desde hacía horas, fue recién después, gracias a la geolocalización de su celular por parte de la DaJuDeCO, que se detectó su desplazamiento hacia el Luna Park y, luego, hacia Retiro. Sin resultados allí, Capuchetti ordenó seguir su rastro hasta la estación Palermo, donde finalmente fue detenida en un operativo improvisado. Había pasado más de una hora y media desde su salida de Barracas.
Las dudas sobre el proceder de la Federal crecen. ¿Hubo negligencia? ¿Protección deliberada? ¿O una orden encubierta de no detenerla? El video fue incorporado a la causa residual del intento de magnicidio, mientras el juicio oral continúa contra Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, líder de la llamada “banda de los copitos”.
La jueza Capuchetti retomó recientemente la conducción de la causa, antes delegada en el fiscal Carlos Rívolo, y comenzó a investigar posibles irregularidades en el accionar de la Federal. Rívolo apeló esta decisión, y ahora será la Cámara Federal la que defina quién quedará a cargo de la investigación.
El video del escape se suma a otras acciones sospechosas. Por ejemplo, el análisis inicial de los videos del 1° de septiembre —cuando ocurrió el intento de disparo— no identificó a Uliarte en la escena. Recién más tarde, en el juzgado, se logró hacerlo. Luego, la Policía Federal envió un informe donde reconocía su presencia y el uso de su celular en el lugar. A los dos agentes que dejaron ir a Uliarte apenas se les aplicó una sanción de cuatro días de arresto, y se negaron a declarar.
A esto se suma el testimonio de un vecino del edificio de Barracas, quien reconoció a Uliarte y Carrizo por un reportaje que dieron a Telefé el 2 de septiembre. Llamó al 911 la noche siguiente, pero recibió la visita de agentes de civil que lo instaron a no involucrarse.
Otro punto oscuro es la manipulación del celular de Sabag Montiel. Un perito de la Federal lo bloqueó sin poder acceder al contenido, y luego, un equipo de la PSA lo restauró a estado de fábrica, eliminando cualquier dato almacenado. Por este hecho se abrió una causa separada.
Las inconsistencias siguen: el jefe de la custodia de CFK estaba de franco el día del ataque, y Carrizo fue detenido al presentarse espontáneamente en el juzgado, tras superar los controles de Comodoro Py. Algunos testigos aseguran que personal de seguridad de la ex vicepresidenta les pidió borrar videos del atentado.
Pese a esto, desde el entorno de Cristina se enfocaron en otras líneas de investigación —como el diputado del PRO Gerardo Milman o la agrupación Revolución Federal— sin avanzar sobre las irregularidades que involucran directamente a la Federal y la PSA, bajo control del entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
También genera inquietud el rol de la ex SIDE. Aunque su interventora Cristina Caamaño había prohibido colaborar con la Justicia, el ex número dos del organismo y actual ministro de Seguridad bonaerense, Juan Martín Mena, estuvo presente la noche del atentado al momento de entregar el celular de Sabag.
Las piezas del rompecabezas siguen dispersas y las preguntas se acumulan. La causa, lejos de cerrarse, parece abrir nuevas aristas que comprometen a más actores del sistema de seguridad del Estado.