Hungría profundiza su deriva autoritaria: prohíbe actos LGBTQ+ y refuerza el uso de reconocimiento facial
El Parlamento húngaro, dominado por la coalición Fidesz-KDNP del primer ministro Viktor Orbán, aprobó esta semana una enmienda constitucional que permite al gobierno prohibir actos públicos de comunidades LGBTQ+, incluyendo el tradicional desfile del Orgullo de Budapest. La medida, enmarcada en una retórica de “protección infantil”, ha sido duramente criticada por juristas, activistas y opositores, que advierten sobre una aceleración del autoritarismo en el país centroeuropeo.
Una enmienda para censurar y vigilar
Con 140 votos a favor y 21 en contra, la enmienda fue aprobada por mayoría calificada. Codifica en la Constitución una ley reciente que prohíbe cualquier evento que promueva o represente la homosexualidad ante menores de 18 años. También otorga base legal al uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar participantes en eventos prohibidos, lo que incluye protestas o marchas del Orgullo. Las multas pueden alcanzar los 546 dólares por persona.
El gobierno asegura que estas políticas son necesarias para resguardar la moral de los niños ante lo que llama “ideología progresista” y “locura de género”. Pero para activistas y organizaciones de derechos civiles, se trata de propaganda electoral destinada a movilizar la base conservadora de Orbán ante el creciente desgaste del oficialismo de cara a las elecciones de 2026.
Una democracia en retroceso
“Durante los últimos 15 años, Orbán y Fidesz han desmantelado la democracia y el Estado de derecho”, denunció el legislador opositor Dávid Bedő, quien participó en una protesta para intentar bloquear el acceso al Parlamento. “Y ahora están acelerando”, advirtió. La sesión legislativa fue interrumpida momentáneamente por diputados que hicieron sonar bocinas de aire en señal de rechazo.
Es la 15ª enmienda constitucional desde que el oficialismo reescribió la Carta Magna en 2011, y se suma a una serie de reformas que han limitado la independencia judicial, el pluralismo mediático y la protección de derechos individuales.
Identidad de género negada desde la Constitución
Otro aspecto central de la enmienda es que la Constitución pasa a reconocer solamente dos sexos: masculino y femenino, lo que niega legalmente la existencia de personas transgénero e intersexuales. Ya en 2020, una reforma anterior había prohibido la adopción por parte de parejas del mismo sexo, definiendo constitucionalmente que “una madre es una mujer y un padre es un hombre”.
“La norma no solo excluye a las personas trans e intersex, sino que las deshumaniza”, denunció Dánel Döbrentey, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Hungría. “Es una forma clara y cruel de decirles que no pertenecen ni a la comunidad nacional ni a la humanidad”, sentenció.
El Estado como vigilante
Quizás el aspecto más inquietante es la expansión del uso del reconocimiento facial. Aunque esta tecnología se aplica desde 2015 en investigaciones policiales, la nueva legislación la habilita para identificar a manifestantes políticos, ampliando el control estatal sobre la disidencia.
“El riesgo no es solo la invasividad técnica, sino el efecto disuasivo: que la gente no se anime a manifestarse por miedo a ser perseguida”, advirtió el abogado Ádám Remport.
Ciudadanía en suspenso
La reforma también contempla la suspensión de la ciudadanía húngara por hasta diez años a ciudadanos con doble nacionalidad fuera del Espacio Económico Europeo, si se considera que representan una amenaza para el orden público. La medida busca blindar al gobierno frente a lo que denomina “injerencia extranjera”, en alusión a ONGs, medios críticos y grupos financiados desde el exterior.
En un discurso reciente, Orbán incluso llegó a comparar a estos actores con “insectos”, prometiendo eliminar “todo el ejército en la sombra” de jueces, periodistas y activistas que, según él, trabajan para intereses foráneos.