Denuncian a Aranguren por sobreprecios por mas de 1.000 millones en compra de gas
La presentación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
El interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una denuncia penal contra los ex funcionarios Juan José Aranguren, Andrés Chambouleyron, y su antecesor en el organismo David Tezanos y Daniel Perrone por sobreprecios en la actualización de las tarifas de gas, mediante la selección de un factor de actualización de la base tarifaria de forma arbitraria y muy por encima de lo que hubiera correspondido, siendo uno de los pilares del tarifazo de Mauricio Macri, derivando en ingresos excepcionales e ilegales a las empresas de transporte y distribución del gas por un mínimo de 1.343 millones de dólares.
La presentación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, también apunta contra Andrés Ferraris, ex Director Nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete de Aranguren; y Graciela Bevacqua, ex Directora Técnica del INDEC.
De acuerdo a lo que explica la denuncia, el factor de actualización no debería haber superado el número 24 sobre la base tarifaria; sin embargo, lo llevaron artificialmente a 33, lo que significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario, según informó Ambito.com.
En un accionar casi idéntico con la Causa Peajes, a fin de intentar justificar la manipulación de las tarifas, los ex funcionarios introdujeron como argumento falaz las supuestas denuncias de las empresas a reclamar indemnizaciones por perjuicios ante el CIADI, organismo internacional dedicado arreglo de diferencias relativas a inversiones. Estas presentaciones jamás habían iniciado en el organismo antes mencionado.
“A pesar de ello, les hicieron pagar a los usuarios y las usuarias de gas hipotéticos montos por juicios hipotéticos. Esto así, para justificar un factor de actualización tarifaria con un número arbitrario”, dice la denuncia.
En esa línea, fue el propio Chambouleyron quien, a través de un Power Point que habría utilizado en una presentación oficial en diciembre de 2016, dejó testimonio de la estafa. Ese Power Point también se incluyó en la denuncia.
“Este sobredimensionamiento fue una de las causas del tarifazo que sigue siendo soportado injustificadamente por los casi 9.000.000 de usuarios del servicio público, significándoles a las empresas de gas garantizarse un ingreso adicional para el quinquenio 2017-2021 (entre rentabilidad y amortizaciones) de aproximadamente $21.255 millones por encima de lo que les hubiera correspondido en caso de no haberse seleccionado arbitrariamente el índice de actualización tarifaria como finalmente se hizo. Dicha cifra en dólares equivale a unos 1.343 millones en moneda estadounidense”, señalaron fuentes del ENARGAS.
Surge de la denuncia una transcripción de mails de los ex funcionarios denunciados en donde se advierte que había que llegar, cueste lo que cueste, al factor de actualización de “33” para la base tarifaria. De esos mails emerge también que planearon introducir los eventuales reclamos ante el CIADI para intentar justificar ese índice “inflado”. Similar maniobra en cuanto a la utilización de reclamos ante el organismo internacional se hizo en el caso de los peajes por el cual se encuentran imputados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, lo que da cuenta de que fue una metodología que se usó para que usuarios y ciudadanía pagaran ingresos o ganancias ilegales a las empresas.
Entre los mails se destacan los siguientes: Andrés Chambouleyron envió un mail el 28/10/16 al ENARGAS que decía: “la idea es un mix entre ésta (un IPIM empalmado con otros índices de precios) y el tipo de cambio” que “te dé unas 20 veces de incremento desde 1992 hasta 2016 más o menos”.
Por su parte, Juan José Aranguren, en un mail remitido el 9/11/16 dijo: “Valoro los nuevos índices, pero seguimos sin tomar riesgos” y agrega “Si queremos resolver el pasado, no entiendo por qué nos cuesta tanto hacerlo. Caso contrario, en lugar de especialistas tendríamos máquinas que nos reemplacen”. Claramente exige que esos índices resuelvan conflictos del pasado.