El tratado UE-Mercosur visto desde España

Por Ferrán Bono (El País)

El tratado entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), anunciado el pasado 29 de junio, no entrará en vigor antes de dos años, según los cálculos que ha transmitido esta mañana la comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, a la delegación valenciana, encabezada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. “El tratado se aprobará dentro de un año por la comisión y posteriormente por el parlamento europeo. De modo que la aprobación definitiva no será antes de dos años como mínimo”, ha manifestado Puig tras la reunión mantenida en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. El presidente valenciano había solicitado la reunión para transmitir a la comisaría el temor del sector citrícola por los perjuicios para el mercado español que pueda ocasionar la llegada sin aranceles a Europa de los productos de Brasil y Argentina.
El mayor acuerdo comercial logrado jamás por los Veintiocho, que dará acceso a un mercado de 260 millones de consumidores, entrará en vigor una vez lo apruebe tanto el parlamento europeo, previsiblemente en 2021, como el parlamento de Mercosur. Pero solo la parte comercial, la principal del acuerdo, porque la asociación política y la cooperación, que integran también el tratado, también debe ser refrendada por los parlamentos nacionales, por lo que su puesta en marcha aún se postergará más. El tratado llevaba 20 años negociándose entre las partes.
El proceso es lento y garantista, como en todos los acuerdos de este tipo. La próxima semana se dará a conocer el contenido del tratado de 1.500 páginas en su versión en inglés. Entonces verán la luz las medidas concretas, se bajará a los detalles como la reducción de los aranceles, a qué productos afectan o el calendario. Luego, el acuerdo debe pasar una revisión jurídica del texto. Después debe ser traducido a las 24 lenguas de la Unión Europea y la comisión debe aprobarlo y autorizar su remisión al parlamento. Una vez en al cámara, debe ser estudiada en la Comisión de Comercio Internacional y también en la de Asuntos Exteriores. También debe emitir un informe la Comisión de Medio Ambiente y finalmente, el texto llegará al pleno del parlamento para su aprobación y entrará en vigor. Posteriormente, se remitirá a los parlamentos nacionales para que den el visto bueno al acuerdo de asociación política y de cooperación.
En este intervalo de dos años, el presidente valenciano ha solicitado organizar una conferencia sectorial en el seno de la Comisión Europea, con todos los departamentos afectados, para tratar el problema de los cítricos y de la agricultura en Europa. “Es un problema que no afecta solo a la Comunidad Valenciana y hay que encontrar soluciones integrales. Porque no solo está Mercosur, también el veto ruso, la naranja sudafricana y sobre todo Egipto. Pedimos una acción directa porque puede hacer mucha competencia desleal. Hemos mostrado nuestra preocupación porque en el puerto de Rotterdam no hay suficiente vigilancia. Y debemos asegurar para el ciudadano europeo las mismas garantías fitosanitarias”. Ahora bien, Puig ha pedido también al sector que sea proactivo y promueva campañas, entre otras medidas modernizadoras.
La industria, beneficiada
El sector de la naranja valenciana, que mueve en torno a 2.200 millones de euros al año, ha sido el más crítico, junto al ganadero francés, con las posibles repercusiones negativas del acuerdo con Mercosur. El sector industrial, por el contrario, es el que sale más beneficiado con la reducción de los aranceles, especialmente, el automóvil, el textil, el cerámico o el calzado. Por ejemplo, en la actualidad, los aranceles para el calzado español en los países de Mercosur se elevan al 43%, los de la industria cerámica al 35% y los del textil, al 37%. Con la entrada en funcionamiento del acuerdo, la tasa se reducirá hasta su desmantelamiento en algún caso, y en otros se reducirán notablemente, tras un periodo transitorio. Faltan por concretar los plazos y los detalles negociados para cada sector y para cada producto.
Puig ha destacado el carácter dialogante de la comisaria, que ha sido pieza clave en la negociación de un acuerdo que llevaba buscándose desde 1995. Su mandado concluye el próximo mes de noviembre.
Una de las posibles medidas para controlar y compensar la entrada de las mercancías de dos de los principales productores de naranjas del mundo, Argentina (en fruta fresca) y Brasil (en zumo) es articular una cláusula de salvaguarda que entré en funcionamiento ante la amenaza y no posteriormente, cuando el producto ya ha invadido los mercados. Además, hay previsto un fondo de compensación de unos 1.000 millones de euros.