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Vanidades y especulaciones en torno a un oficio judicial

Un oficio librado a través de la Fiscalía Federal con sede en Santa Rosa causó sorpresa una serie de especulaciones sobre la investigación que podría estar llevándose a cabo, que motivara la solicitud al municipio santarroseño. Algunas fuentes de la Justicia Federal querrían hacer creer que peligra la misteriosa investigación por la trascendencia que tomó el tema, a través del diario “2 Bases”.
Más allá de las elucubraciones nacidas de la supuesta “filtración” del documento, lo cierto es que se trata de un oficio judicial, emitido a través de la Fiscalía Federal, por el que se pide la remisión de determinados datos de 25 personas a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina y la División Lavado de Activos del Narcotráfico. Entre los ciudadanos mencionados en el documento estaría un diputado provincial (supuestamente Espartaco Marín), dos jefes policiales y varios comerciantes, aparentemente de los denominados “de la noche”, del rubro boliches bailables y compra venta de automóviles.
Lo llamativo del oficio sería, en mayor medida, las dependencias que lo solicitan, más que lo solicitado propiamente dicho. Fuentes consultadas aseguraron que el documento solamente solicita saber sobre algún tipo de registro de habilitaciones de comercios a favor estas 25 personas, entre las cuales también habría dos ciudadanos paraguayos. En el papel no habría mayores precisiones. Obviamente, se desprende que la requisitoria estaría motivada en alguna investigación vinculada al movimiento de dinero vinculado al narcotráfico, pero en concreto nada.
Extraño rumor
De lo publicado en algunos medios de comunicación se desprende que desde la Justicia Federal habían deslizado que con la publicación del oficio se habría “arruinado” la investigación, de la que todavía no se tienen precisiones.
Supuestamente debía quedar en secreto, puesto que al tomar estado público se habría alertado a los integrantes de la lista de que estaban siendo investigados.
Lo raro de esta argumentación es que el oficio se ingresó por mesa de entradas de un organismo público, la Municipalidad de Santa Rosa, y el papel no tendría ninguna recomendación en sello o escritura alguna de que era confidencial, reservada o secreta. Por lo tanto, el supuesto se caería por su propio peso.
En segundo lugar, lo solicitado sería en base a hechos consumados, la provisión de esos datos reflejaría algo ya hecho. Por más que los 25 estuvieran alertados, en caso de que hubieran cometido algún ilícito, es sobre movimientos que ya realizaron.
Tampoco debe pasar desapercibido que el cuestionamiento a un medio por publicar información carece de sentido, si lo publicado está asentado en documentación verificable. Acá tampoco debe pasar desapercibido lo que deslizaron fuentes judiciales respecto de investigar la “filtración” del documento, aparentando una amenaza a los medios que publiquen y a los ciudadanos que provean información verificable.