Diputados del PJ La Pampa repudian despidos
El Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevere, realizó 330 despidos del personal de la cartera que dirige.
Por ello, los legisladores pampeanos, integrantes del interbloque Argentina Federal, Ariel Rauschenberger, Melina Delú, y Sergio Ziliotto, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados pidiendo que terminen los despidos en las instituciones mencionadas.
Más allá de las explicaciones hechas públicas por el señor Ministro, lo cierto es que estos despidos indiscriminados, denotan claramente la falta de sensibilidad por parte del gobierno nacional, que se revela a través de la aplicación de una política donde el costo social es soportado por los propios trabajadores que, de la noche a la mañana, ven desaparecer su puesto laboral en pos de supuestos intereses incluidos dentro del modelo de “modernización del estado”.
Ya dese el 20 de abril, los trabajadores del Ministerio de Agroindustria de la Nación se encontraban en estado de alerta sobre todo cuando el Ministerio -a sabiendas de la ilegitimidad de la medida que iba a adoptar-, decretó el asueto de los trabajadores para poder enviar los telegramas de despido sin contratiempos.
Esta actitud guarda estrecha relación con el veto que decretó el presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos aprobada por este Congreso de la Nación en el mes de mayo de 2016, pues desde entonces ya se proyectaba internamente la reorganización administrativa mediante un plan de ajuste que traería aparejado el despido del personal estable del estado.
Lo mismo ocurre con los despidos programados en organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias (SENASA), respecto de los cuales el Ministro Luis Miguel Etchevere manifestó que no descarta que en dichas instituciones también se produzcan despidos.
Los diputdos pampeanos remarcaron que “estas medidas de restricción presupuestaria afectan el cumplimiento de funciones que son indelegables de las instituciones que, como organismos del Estado, llevan adelante la evaluación y control del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural. Tanto el SENASA, como el INTI y el INTA cuentan con personal calificado de larga data que atesoran conocimientos y experiencia al servicio de la comunidad que resultan irremplazables, de allí que las decisiones adoptadas por el gobierno nacional afectan gravemente su protagonismo en la medida que lesionan el bien más preciado de cada una de esas instituciones, sus recursos humanos”.