F, Mendía y el Proyecto de responsabilidad empresarial en corrupción: “todavía falta bastante”

El diputado nacional Gustavo Fernández Mendía (PJ) consideró que el proyecto de Ley de “responsabilidad empresaria” en casos de corrupción, enviado por el Ejecutivo Nacional, “hace agua por todos lados”. Estima que se salva la responsabilidad real de las empresas y permite que éstas puedan salvarse penalmente, recargando culpas en empleados o gerentes.

“La realidad es que hoy es muy difícil, tanto en Argentina como en Brasil, poder trazar una línea que delimite lo público de lo privado. Cuando se habla de los corruptos públicos y de los privados, es muy difícil saber cuál es cuál. Tenemos a una parte del Congreso que dice que en los últimos 10 o 12 años  las empresas no eran de los empresarios corruptos, sino de los funcionarios. Otros que dicen que las empresas pusieron a sus CEOS, como funcionarios, para satisfacer a sus más bajos instintos. Y tenemos otrogrupo que cree que las dos cosas son probables. Esto nos coloca en una situación bastante complicada”, comenzó su alocución el legislador.

Más adelante agregó que “acá no se culpa a la persona, sino a la empresa, y basta con que se acuse a una empresa para que ésta haga lo mismo con su empleado: dirán que la culpa de la corrupción de es algún CEO infiel, para zafar de su responsabilidad empresarial. Hay muchísimos mecanismos para controlar en estos casos: la obra pública, los sobreprecios, las consultoras que hacen control de gestión, son algunos de ellos”.

El diputado continuó en este sentido analizando que “Hay un entramado dificilísimo y complejo, que esta Ley no alcanza a desentramar. Una de estas complejidades es la falta de un marco procesal-penal”.

También cuestionó el denominado “acuerdo de colaboración eficaz”, porque “hace agua por todos lados. La celebración del acuerdo, que no implica responsabilidad de la persona jurídica, establece la intervención vinculante del procurador del tesoro de la Nación. El procurador es un empleado del presidente de la nación, que puede ser nombrado, sancionado y removido por el presidente.

Propuso la eliminación y corrección de varios artículos que considera diluyen las responsabilidades empresariales,  “de aprobarse esto dejamos todo sujeto a la discrecionalidad de un juez o un fiscal”.

“La posición de nuestro bloque es que necesitamos una Ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas (empresas) y estamos dispuestos a discutirla, haciendo aportes, pero nos parece que todavía falta bastante”, concluyó.